El Nacional
Curiapo, Delta Amacuro | Omar Véliz/El Nacional
Las denuncias de los waraos hacen presumir que quienes actúan son grupos organizados desde el propio Estado, dijo el penalista Carlos Simón Bello
La Asamblea Nacional aprobó ayer la solicitud del diputado opositor Edgar Zambrano (AD) de crear una comisión especial para que investigue la supuesta compra de votos en la comunidad indígena warao del estado Delta Amacuro, así como en otros asentamientos indígenas del país.
“El vicepresidente de la Asamblea, Aristóbulo Istúriz, aseguró que llevar a cabo la investigación era muy importante, tanto si las denuncias eran verdaderas o falsas, pues en ambos casos constituían malos precedentes para el sistema democrático”, dijo Zambrano.
El parlamentario indicó que el asunto será enviado a la Comisión de Pueblos Indígenas, de la que él forma parte, para que esa instancia legislativa nombre el grupo especial de trabajo. Se desconoce la fecha en la que se efectuará esta designación.
Zambrano hizo la solicitud con fundamento en las denuncias contenidas en un reportaje publicado el domingo en el suplemento Siete Días de El Nacional.
Integrantes de la mencionada etnia y habitantes del sector El Junko, en el estado Vargas, afirmaron que dirigentes oficialistas compran sus votos con dinero o comida, y que en ocasiones les exigen entregar su cédula para que otras personas ejerzan por ellos su derecho al sufragio.
“No se puede minimizar el trabajo periodístico colocando en condición de minusvalía a los pobladores de las etnias, puesto que no se trata de un trabajo direccionado contra estos venezolanos. El hecho debe dirigirse a entender la denuncia como un acto irregular de ventajismo y abuso de poder, con la intención de privilegiar un candidato en particular”, dijo en referencia a las declaraciones que el lunes dio la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, que aseveró que la denuncia era como decir que los waraos “son indiecitos que no tienen conciencia y que por eso van y los compran”.
El diputado pidió al CNE que haga seguimiento a los centros en los que la abstención es de 0%, no hay votos nulos y todas las papeletas son a favor del oficialismo, que según el Comando Venezuela suman 5.580 en todo el país y reúnen a más de 3 millones de electores.
Se organizan para delinquir en elecciones
Las denuncias que plantearon los electores que ejercen su derecho al sufragio en los llamados centros con resultados anómalos no parecen dar cuenta de hechos cometidos a título personal y aisladamente, señaló el ex director del Centro de Investigaciones Penales de la Universidad Central de Venezuela Carlos Simón Bello.
“Da la impresión –de ser ciertos dichos hechos– que se trata de organizaciones delictivas que actúan amparadas por el aparato estatal. Todo parece estar organizado desde la misma estructura del Estado”, dijo el penalista.
El Código Penal establece que cuando dos o más personas se asocien con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por el solo hecho de la asociación, con prisión de dos a cinco años.
Además de la compra de votos, algunos entrevistados aseguraron que los efectivos de la Guardia Nacional y los representantes del CNE que trabajan en dichos centros permiten que personas afectas al oficialismo “asistan” a electores que no lo requieren y que se emplee tienta que no es indeleble para que una misma persona pueda estampar su huella más de una vez.
“Si se determina que con estos hechos los afectos al oficialismo cometen delitos, entonces los funcionarios, que deben hacer cumplir la ley, estarían actuando como cómplices con su comportamiento omisivo”, explicó el penalista.
Testigos y SAI evitarán irregularidades
Juan Carlos Caldera, miembro del equipo técnico electoral del Comando Venezuela, afirmó que el antídoto para cualquier comportamiento irregular es la presencia de testigos.
Explicó que en algunos centros en los cuales no tuvieron testigos en los comicios pasados se presentaron irregularidades como el voto asistido.
“Descartamos de plano cualquier fraude tecnológico. Lo que ha sucedido es que en sitios que no cubrimos se pudieron haber presentado irregularidades”, dijo. Indicó que están centrados en la formación de los testigos de mesa, para que conozcan las leyes electorales a cabalidad y sepan qué está permitido.
Vicente Bello, técnico electoral del Comando Venezuela, indicó que el SAI reducirá al mínimo cualquier intento de votar por otra persona, pues será indispensable la huella del elector.
Explicó que los funcionarios tampoco podrán desbloquear la máquina de votación alegando fallas en el reconocimiento de un elector, pues se estableció un tope de cinco veces consecutivas para usar este mecanismo.
Aclaró que los centros claves no sólo incluyen sitios de votación con irregularidades, sino también los de difícil acceso y los nuevos centros.
El dato
El viernes finaliza la auditoría del banco de huellas dactilares. La primera etapa de la revisión se centra en evaluar la calidad de las huellas y la segunda en la verificación de las bases de datos de huellas. Por último se realizará una firma digital de las bases de datos que serán cargadas en las máquinas de votación, lo que impide una posterior modificación de la información. Esta semana también finaliza la producción de las boletas válidas y no válidas que serán distribuidas a partidos y en las ferias electorales.
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