Un Dedo No Tapa al Sol, y una Bota Tampoco

Por los Editores de VenEconomía

De espaldas: Rafael Arráiz Lucca, Herman Sifontes, Gabriel Osío, Jesías Quintero y Juan Carlos Caravallo

Lejos ha quedado la imagen – cuidadosamente cultivada por los propagandistas del régimen – de un Chávez demócrata, gran reformista y defensor de los pobres. Hugo Chávez ya no puede tapar su vocación autocrática y las innumerables violaciones a los Derechos Humanos de su Gobierno.

En los dos últimos días, tres informes de reconocidos entes internacionales describen la realidad del país.

Uno de ellos es el Parlamento Europeo que, el jueves 24 de mayo, exhortó al Gobierno de Venezuela para que reconsiderara la decisión de retirarse de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). También lamentó que los poderes Legislativo y Judicial avalarán esa solicitud del Ejecutivo Nacional, indicando expresamente que ello pone “de manifiesto el incumplimiento del principio de separación de poderes en dicho país” y la absoluta sumisión de esos poderes “a las decisiones políticas del Presidente”.

Por su parte, el Informe Anual sobre los Derechos Humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos presentado este jueves, también hizo hincapié en la concentración de poder que tiene el Ejecutivo Nacional, poniendo como ejemplo, los poderes habilitantes que el Parlamento le dio a Chávez para legislar por decreto por año y medio e indicando que los mismos fueron usados por el mandatario venezolano para restringir los “derechos fundamentales económicos y de la propiedad”. Además mostró preocupación por “las acciones del gobierno destinadas a entorpecer la libertad de expresión y criminalizar la disidencia”, así como por “la incapacidad para garantizar el debido proceso, la seguridad física y las condiciones humanas para los presos lo cual contribuyó con la violencia generalizada, los motines y las muertes en las cárceles del país”.

Para añadidura, el “Informe Anual sobre Derechos Humanos en el mundo” de Amnistía Internacional, presentado esta semana en Londres, señala, entre otras violaciones cometidas por el Gobierno de Chávez en 2011, que: “se siguieron formulando cargos por motivos políticos contra detractores del Gobierno”; el hacinamiento extremo en el sistema penitenciario; y las “amenazas” y acusaciones infundadas contra los defensores de los DD.HH., poniendo como ejemplo el caso de Humberto Prado Sifontes, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, quien “fue objeto de una campaña de intimidación y amenazas de muerte después de pedir al Gobierno que abordase pacíficamente un motín en la prisión El Rodeo”.

Como para evidenciar que la realidad corrobora y supera a los informes, este jueves, el juez Williams Hurtado, quien lleva la causa de Econoinvest, a solicitud del fiscal Daniel Guedez, y sin esperar la audiencia diferida para el 6 de junio, decidió extender la privativa de libertad de sus cuatro directores (Herman Sifontes, Juan Carlos Carvallo, Miguel Osío y Ernesto Rangel), presos sin juicio desde hace dos años.

Pudiera ser que el temor de que le sucediera como a la ex juez María de Lourdes Afiuni, presa por sentenciar a derecho en un caso similar, inclinó al juez Hurtado a violentar el debido proceso de estos ciudadanos y negarles su derecho a ser juzgados en libertad.

Nada que agregar, pues los ex magistrados Aponte Aponte y Velásquez Alvaray ya fueron explícitos en cuanto al manejo de la justicia en tiempos de revolución.

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