Aparecen nuevos nombres de la «tribu» Aponte Aponte en el Zulia

Por José Antonio Navarro   

Mayo 2012

El brillante magistrado Aponte Aponte hoy cantante afamado.

Tres jueces y cuatro fiscales más han sido señalados también como presuntos integrantes de la denominada banda «Los Enanos», una organización supuestamente delictiva organizada por el exmagistrado del Tribunal Supremo, Eladio Aponte Aponte, y que funcionaba en el Circuito Judicial Penal del estado Zulia, cuando él presidía en esa magistratura.

Con estos nuevos presuntos integrantes, son ya siete jueces y seis fiscales quienes, al menos, de momento estaban integrados en esa organización, que supuestamente alteraba a su antojo las resoluciones judiciales que dictaminaba.

Los tres nuevos jueces que supuestamente aparecen involucrados con las actividades que realizaba la banda «Los Enanos» han sido identificados, según las fuentes que investigan los movimientos de ese grupo judicial son: Raisa Rodríguez Fuenmayor jueza de juicio número 2 de Maracaibo), Marielys Castillo Boner y James Jiménez, quien fue destituido recientemente como titular del tribunal de control número 4.

Como ya adelantó QUÉ PASA en exclusiva, a esos nombres hay que añadir también los de los jueces Andrés Urdaneta ―destituido― Claudia Olavarría ―primera asistente de Aponte Aponte y ahora destinada en Puerto Cabello, que es la base de operaciones del exmagistrado huido de la justicia venezolana y de Walid Makled― Rómulo García y Juan Antonio Díaz Villasmil.

En cuanto a los fiscales, los nombres que aparecen relacionados con la banda «Los Enanos» son Jorge Ramírez Guijarro, titular de la fiscalía 3 de Maracaibo y su auxiliar, Édgar Pontiles; Américo Rodríguez y Egleé Puente Acosta.

«Error inexcusable»

A estos cuatro fiscales hay que añadir también, como publicó QUÉ PASA, los nombres de Blanca Tigrera y Fernando Losada Urribarrí. En total, hasta ahora son seis los miembros del Ministerio Público del estado Zulia los fiscales que presuntamente formaban parte de la banda «Los Enanos».

Entre las graves irregularidades descubiertas figura, por ejemplo, la Sala Constitucional del TSJ le declarará «un error inexcusable de derecho» a la jueza Raisa Rodríguez y, sin embargo, se mantiene en el cargo como jueza de juicio número 2 de Maracaibo.

«Crimen perdido»

Otro asunto considerado jurídicamente grave afecta a la jueza Marielys Castillo Boner y a la fiscala Egleé Puentes Acosta. Según las fuentes consultadas, el 16 de agosto de 2005 imputaron a Alvar Fredo Martín Chacín de ser el autor de un homicidio intencional calificado en Los Puertos de Altagracia y en vez de privarlo de libertad, le dictaron una medida de presentación periódica.

Sin embargo, el asunto más grave es que ese expediente judicial ha desaparecido y no han podido acusarlo porque no tienen todas las diligencias que practicaron para imputarlo porque el sumario «se ha evaporado».

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