Al límite del límite

VENECONOMIA

Hugo Chávez y su Gobierno hace tiempo que vienen traspasando los límites en cuanto a violación de los derechos humanos se refiere.

Los traspasó en 2002 y 2003 cuando purgó la industria petrolera de sus mejores talentos, negando el derecho al trabajo a más de 18.000 venezolanos.

Violentó el derecho a la vida cuando el 11 de abril de 2002 permitió la masacre de ciudadanos desarmados en manos de sus huestes de Puente Llaguno.

Los siguió traspasando, cuando para tapar la responsabilidad del Gobierno en esos hechos, los “jueces del horror” de esta revolución a pesar de su probada inocencia mantienen privados de su libertad a los comisarios Forero, Simonovis y Vivas y a los policías metropolitanos Bolívar, Hurtado, Molina, Pérez, Rovaín y Rodríguez.

Continúa extralimitándose, al negarle a Iván Simonovis una medida humanitaria de pagar condena en su casa, dado su delicado estado de salud.

Rebasa las fronteras de lo admisible al limitar el derecho a la libertad de información al cerrar medios de comunicación que no se pliegan a sus designios, y al acosar a medios y periodistas para intentar amordazarlos vía amenaza y chantaje.

Se excedió en la inhumanidad cuando dejó morir de mengua al pequeño productor agropecuario Franklin Brito, negándose por años a restituirle sus legítimas propiedades que le habían sido confiscadas violando derechos constitucionales.

Se desborda en el cinismo, cuando voltea las garras de la persecución política contra los que alguna vez fueron sus aliados, y que por una u otra razón dejaron de serle útiles a sus propósitos revolucionarios, tal como está haciendo con Henry Falcón y José Gregorio “el Gato” Briceño, ambos gobernadores en ejercicio electos por la tolda chavista.

Ahora, colma el vaso de los atropellos con la privación ilegítima de la libertad del abogado José Amalio Graterol, debido a que éste se negó a que le violentaran el debido proceso a su defendido cuando el tribunal buscaba continuar una audiencia de juicio en ausencia del acusado.

Es obvio que ésta es una nueva jugada de los “jueces del horror”, pues resulta que el abogado Graterol, además de ser el defensor de la juez María de Lourdes Afiuni, el día antes de su detención había cuestionado contundentemente al Poder Judicial en el programa YO Prometo de la periodista Nitu Pérez Osuna, que trasmite Globovisión.

Con la detención de Graterol el Gobierno pone la guinda a la torta de las injusticias revolucionarias, al trasgredir el libre ejercicio profesional de un abogado que ejercía legítimamente y ajustado a la Constitución y las leyes procesales la defensa de un ciudadano.

Esto constituye un terrible precedente, que puede generar limitaciones en los abogados defensores, profundizando la precarización de la justicia en Venezuela ya confiscada por los “jueces del horror” y las policías del terror.

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