Condenado a pagar – Caso Díaz Peña

EL UNIVERSAL

Entre las consecuencias que acarrea la sentencia de la Corte Interamericana deriva una orden al Estado venezolano a que “adopte dentro de un plazo razonable, las medidas necesarias para que las condiciones de detención en el Control de Aprehendidos de la DISIP, actualmente Servicio Bolivariano de Inteligencia, ubicado en El Helicoide, se adecuen a los estándares internacionales relativos a esta materia.

Igualmente obliga la sentencia al Estado venezolano pagar una indemnización monetaria a Favor de Raúl Díaz Peña “por concepto de daños materiales y por el reintegro de costas y gastos, según corresponda, dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación del presente fallo”.

Cabe destacar que la defensa de Díaz Peña, que Patricia Andrade, la representante de Díaz, solicitó un millón de dólares para su defendido por daño emocional sufrido durante seis años de prisión en los calabozos de la DISIP, daño que a su juicio no se podían calcular en dinero, dolor que afectaría su vida futura y requiere de terapias y un estilo de vida que pueda sobrellevar por el trauma sufrido.

Sobre tales argumentos la Corte consideró que en efecto Díaz Peña fue sometido a un encarcelamiento preventivo en condiciones deficientes por lo que sufrió un grave deterioro de su salud. A raíz de las violaciones que ha declarado en esta Sentencia, la Corte considera que sí produjeron un daño material.

De allí que la Corte ordenó una reparación por daño material “que contenga un componente de rehabilitación adecuada a los padecimientos físicos sufridos por la víctima. Por ello fija en equidad la suma de ($5.000,00) cinco mil dólares que deberá ser cancelada por el Estado al señor Raúl Díaz peña por concepto de reembolso por gastos erogados por atención médica “así como destinados a los gastos futuros de tratamiento médico”.

Adicionalmente la Corte consideró una compensación por gastos “inmateriales”. Por tal motivo también condenó al Estado Venezolano a cancelar la suma de ($10.000,00) diez mil dólares a favor de Raúl Díaz Peña.

Igualmente por concepto de costas y gastos, la Corte reconoció que la representante incurrió en gastos para asistir a la audiencia, por remisión de escritos etc, por lo que ordenó el pago de ($3.000,00) tres mil dólares a favor de la organización Venezuela Awarness Fundation.

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