700 páginas de denuncias ha presentado Aponte Aponte en tribunales de USA

Por Casto Ocando

El ex magistrado venezolano Eladio Aponte Aponte, actualmente en Estados Unidos bajo protección del gobierno estadounidense, consignó un importante cúmulo de información sobre las interioridades del sistema judicial venezolano, incluyendo los mecanismos usados para el pago de sentencias judiciales, y una lista preliminar de jueces que actuaban como sus asistentes en diversas circunscripciones en Venezuela.

Gran Jueza Superior Yanina Karabin

Aponte, que se encuentra en un lugar no identificado en los alrededores de Washington, al lado de sus familiares más cercanos, suministró una lista de cooperadores cercanos mientras ejerció como presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

De acuerdo a fuentes federales, Aponte identificó a dos magistradas suplentes de la Sala de Casación Penal que presidió hasta el año pasado, y varios jueces superiores penales, con quienes mantuvo una relación estrecha hasta que salió del país en marzo de este año, para buscar protección del gobierno estadounidense.

Aponte también suministró información sobre la intervención de importantes militares chavistas en el sistema judicial para favorecer a delincuentes, especialmente narcotraficantes, y del seguimiento de que era objeto por parte del Sebin debido a sospechas de los organismos de inteligencia de que estaba colaborando secretamente con las autoridades norteamericanas.

Según fuentes consultadas por este reportero, Aponte ha suministrado unas 700 páginas de reportes y testimonios, que serán usados en tribunales federales de Nueva York y Miami, donde se siguen procedimientos judiciales contra funcionarios, militares y jueces venezolanos vinculados con casos de corrupción y narcotráfico.

Entre los jueces incluidos en el reporte están un grupo de los 32 jueces suspendidos o transferidos en sus funciones en abril pasado por el Tribunal Supremo de Justicia, entre ellos Leyvis Azuaje, Norma Ceiba, Yeli Jiménez, Rubén Garcilazo, Fabiola Vegas, y Jesús Boscán.

María Elena García Pru

Entre los magistrados mencionados se encuentra Veneci Blanco García, ex magistrada jefe del Circuito Penal de Caracas, que ha sido acusada de chantajear para obligar a jueces a tomar decisiones contra reconocidos opositores, como Guillermo Zuloaga, presidente del canal privado Globovisión.

También se incluyó a la funcionaria María Elena García Pru, ex vicepresidenta del Circuito Judicial de Caracas, vinculada estrechamente a Aponte. García Pru fue interrogada a mediados de 2008 en Miami por agentes del FBI, en relación a una cuantiosa transacción bancaria en un banco de Miami que habría sido parte de un pago para liberar a una persona procesada por homicidio en un tribunal venezolano.

García Pru habría recibido con anterioridad importantes cantidades para ayudar a tomar decisiones favorables para estos “clientes”, con el patrocinio del propio Aponte.

Según las fuentes consultadas, Aponte Aponte también incluyó a la jueza superior Yanina Karabin, actual magistrada suplente del TSJ y miembro de su círculo íntimo. Aponte indicó que mientras Karabin estuvo al frente del poder judicial en el estado Lara, facilitó numerosas decisiones, entre ellas procurar beneficios procesales a detenidos en cárceles larenses.

Veneci Blanco García

Entre los casos mencionados se encuentra el del secuestrador Leonardo Del Moral García, un gerente de ventas de la firma Auto Mundial, de Valencia, que planificó y ejecutó el secuestro de Alejandro Martínez, hijo de uno de los accionistas de la firma.

Según el testimonio de Aponte, mientras fue jueza superior de Lara, Karabin ordenó medidas judiciales que favorecieran a Del Moral. El empresario Amado Martínez, también accionista de Auto Mundial, es señalado de hacer cuantiosos pagos para obtener beneficios procesales para Del Moral.

Según los documentos presentados, Amado Martínez mantiene dos propiedades en territorio norteamericano. Un apartamento en Manhattan a un costo de $700,000, y otra propiedad en Coral Gables, por un valor superior a los $350,000.

“Aponte aportó detalles que sólo él conocía porque participó y aprobó del pago de sobornos para favorecer sentencias y medidas judiciales”, indicó la fuente.

El magistrado dio detalles de varios casos judiciales en tribunales del estado Lara que mostraron la intervención directa del general Hugo Carvajal, entonces Director de Inteligencia Militar (DIM).

Entre ellos mencionó el caso de un ciudadano español que fue detenido por tráfico de cocaína y procesado en Barquisimeto. El presidiario obtuvo una medida procesal de casa por cárcel, tras presiones del estamento militar. Luego se escapó y terminó arrestado por la Policía Nacional de España cuanto intentaba introducir 500 kilos de cocaína de alta pureza.

Aponte también presentó media docena de reportes de la inteligencia venezolana, en el que se mostraba cómo era seguido minuto a minuto desde antes de que decidiera desertar y negociar la protección del gobierno de Estados Unidos.

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