5 Análisis del marco legal del comunismo del siglo XXI

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5. Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE)

Aprobada el 12 de agosto de 2009, luego de breves discusiones, este articulado elimina el principio de Representación Proporcional consagrado en el artículo 63 de nuestra Constitución Nacional, rompiendo el vínculo entre la elección nominal y la elección proporcional mediante listas (Morochas). Este sistema (denominado paralelo en el articulado de la ley) es similar al empleado en México para permitir que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernara por siete décadas.

Se genera entonces un proceso de cómputo de representantes a organismos colegiados que disipa la presencia de las opciones políticas minoritarias, a la vez que se sobre representa la de la mayoría. Un David contra Goliat electoral.

Este cuerpo de ley deja un vacío legal en cuanto al mecanismo de conformación de circunscripciones electorales para la elección de cargos nominales de los cuerpos deliberantes, las circunscripciones electorales para la elección de diputados de las asambleas legislativas estadales y para la Asamblea Nacional podrán conformarse por conjuntos de Municipios y de Parroquias, con la sola restricción que los mismos se encuentren en el mismo estado y sean contiguos y continuos. Esto no deja claro el procedimiento para la conformación de las circunscripciones electorales, indicando en cuáles casos será necesario integrar municipios, parroquias o comunas para establecer una circunscripción electoral, así como los criterios para el cálculo del número de candidatos nominales en una circunscripción

Igualmente se menciona la posibilidad de integrar circunscripciones nominales para las elecciones municipales conformando comunas o comunidades, dependiendo de la densidad poblacional de ciertas parroquias. La Ley no define qué es, desde el punto de vista electoral, una comuna o comunidad y cuándo hace falta recurrir a esta nueva entidad de agrupación de centros de votación.

Igualmente, deja importantes vacíos en regulación en materia del uso de los recursos públicos para campañas partidistas, además de dejar a discreción de la dirección del CNE los lapsos dentro de los que han de convocarse los procesos comiciales, igualmente obligan a los rectores del Poder Electoral a redactar hasta 19 reglamentos distintos antes de cada elección.

4. Ley Orgánica de Educación (LOE):

Sustituyendo la visión presentada en 1947 por Luis Beltrán Pietro Figueroa y evadiendo por completo el proyecto engavetado desde 2001, otro madrugonazo, esta vez el 14 de agosto, nos despertó con una educación que en vez de garantizar el “desarrollo y la promoción de sujetos críticos y aptos para convivir en una sociedad democrática” esta vez opta por “desarrollar el potencial creativo de cada ser humano para el pleno ejercicio de su personalidad y ciudadanía en una sociedad democrática basada en una valoración ética y social del trabajo liberador” este pequeño cambio, de una vez orientan al socialismo ideologizante el pensamiento del estudiantado.

En la nueva Ley el “Estado Docente” es el Ministerio de Educación, los demás entes no existen. El alcance y los beneficios de la descentralización es desestimado y el Estado no sólo asume totalmente la “orientación, conducción, financiamiento y vigilancia de la educación”, sino además establece su potestad para “ejercer la suprema dirección de los procesos de ingreso, permanencia, ascenso, promoción y desempeño de los profesionales del sector educativo”. La educación privada subsiste, pero es tal su nivel de sujeción al Estado, que ninguna facultad tiene para determinar el monto de los recursos económicos con que habrá de contar para la labor docente.

Los consejos comunales, que hasta el presente han funcionado en Venezuela como un experimento socio-político o como apéndices político-partidistas del gobierno hacia las comunidades, asumen unas ambiguas funciones de promoción y defensa de la educación.

No se precisan las competencias de actores fundamentales del proceso educativo: los docentes, los padres y representantes, los estudiantes, las instituciones privadas, las alcaldías y las gobernaciones. Las iniciativas y mecanismos para enaltecer y recuperar la misión de la carrera docente quedan a la discreción de una Ley especial, lo que hace pensar que los educadores venezolanos seguirán siendo considerados “empleados de segunda”. El problema general de la calidad de la educación, la heterogeneidad en el rendimiento, la preocupación por la evaluación institucional, la necesidad de sistemas de acreditación que den fe pública de la calidad, y la sensibilización de los actores del sistema por optimizar los recursos y mejorar la calidad del servicio educativo, son insuficientemente abordados.

En lo que respecta a la educación superior, si bien la ley se ha cuidado de no vulnerar frontalmente la autonomía universitaria, introduce elementos que la condicionan o mediatizan. Grotescamente, la libertad de pensamiento (o “libertad intelectual” como es denominada en la Ley) sólo está permitida en aquellas instituciones a las que el Estado les reconozca autonomía (art. 34). El ingreso a las universidades pasa al absoluto control del gobierno. Las organizaciones estudiantiles que hacen vida en las comunidades universitarias y que son el resultado de históricas y arduas luchas democráticas, brillan por su ausencia. En su lugar se crean los “consejos estudiantiles”, una figura rechazada en la propuesta de reforma constitucional convocada por Hugo Chávez el 2 de diciembre 2007

3. Ley de Tierras Urbanas:

El 09 de agosto, Hugo Chávez Frías anunció el Plan Barrio Nuevo, (la nueva denominación del programa sustitución de ranchos por viviendas) y a los pocos días la Vicepresidencia consignó ante el Parlamento la Ley de Tierras Urbanas justamente para cumplir con esos proyectos habitacionales.

En ese texto se declaran de utilidad pública las tierras sin uso y se consideran terrenos urbanos aptos para el desarrollo de los programas: aquellas tierras abandonadas por sus dueños, tierras sin edificar y cualquier otra que determine el Ejecutivo nacional. Esto último, otorga discrecionalidad amplísima al ejecutivo para determinar cuáles terrenos podrían ser sujetos de medidas expropiatorias.

La ley también contempla procedimientos sobre edificaciones. En uno de los artículos se indica que “las tierras urbanas ocupadas con edificaciones en ruinas, con fallas de construcción, deterioradas, que superen los 60 años de haberse construido o declaradas inhabitables, deberán ser enajenadas por sus propietarios con la finalidad de que las mismas cumplan la función social”. En esos procesos de enajenación el derecho de preferencia lo tendrá la República.

Con este instrumento el Estado tiene más discrecionalidad y se limita uno de los atributos de la propiedad como lo es la disposición, dado que la venta se tiene que hacer al Ejecutivo.

2. Ley de Delitos Mediáticos

La fiscal general Luisa Ortega presentó una propuesta para aprobar una ley especial de delitos mediáticos que prevé penas de hasta cuatro años de cárcel para quien publique una información “falsa”, “manipulada” o “tergiversada”, que cause “perjuicio a los intereses del Estado” o atente contra la “moral pública” o la “salud mental”. No obstante que muchos de los aspectos planteados en la propuesta de la fiscal ya están regulados en el Código Penal actual, donde se contempla el delito de injuria o calumnia.

La violenta arremetida contra la libertad de expresión, en el marco del cierre de 34 emisoras radiales alegando el fin de concesiones, generaron intensas polémicas aún en el seno de la propia Asamblea Nacional, de donde finalmente, se decidió “engavetar” el proyecto que permanece fuera de la agenda de discusiones.
Por Ahora.

1. Reforma Constitucional Artículos 160,162,174,192 y 230 (Reelección Indefinida)

Luego de rechazarse un conjunto de articulados que reformaban la constitución, el 2 de diciembre de 2007, el 30 de noviembre de 2008 se reimpulsa la intención de enmienda por el propio Hugo Chávez en su afán de permanecer en el poder.

Enmarcado en turbios escenarios, y entre constantes protestas, el 15 de febrero de 2009 Venezuela debió confrontarse ante la pregunta: “¿Aprueba usted la enmienda de los artículos 160, 162, 174, 192 y 230 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tramitada por la Asamblea Nacional, que amplía los derechos políticos del pueblo con el fin de permitir que cualquier ciudadano o ciudadana, en ejercicio de un cargo de elección popular, pueda ser sujeto de postulación como candidato o candidata para el mismo cargo por el tiempo establecido constitucionalmente dependiendo de su posible elección exclusivamente del voto popular?”.

En el resultado, escrutado el 94,2% de los votos por el Colegio Nacional Electoral de Venezuela (CNE), el “Sí” a la enmienda se impuso con el 54,36% del apoyo popular sobre el 45,63% del “No”, porcentajes que equivalen a 6 millones 3 mil 54 y 5 millones 40 mil 82 votos respectivamente. Así lo anunció la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, tres horas después del cierre de las urnas. Interesante la capacidad de respuesta del ente comicial, cuando a la fecha, aún se desconocen los resultados del “pírrico” proceso de 2007.

Finalmente, esta enmienda garantiza la oportunidad de permanecer en el poder a Hugo Chávez de manera indefinida. Es así como podrá entronarse como eterno candidato y ante entes rectores completamente ideologizados y supinos. No dudamos que su perpetuación, junto con leyes que enquisten todos los escenarios de la nación de comunismo retrógrado, depende de la actuación de la sociedad civil que ha dicho que no reiteradamente a un modelo de país que sólo nos guía al atraso y a la alienación.

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