El Gobierno de Chávez legaliza el espionaje telefónico

LUDMILA VINOGRADOFF | CARACAS

Ya no se podrá hablar libremente por teléfono en Venezuela. Tampoco enviar mensajes comprometedores por el móvil o celular. El gobierno de Chávez acaba de legalizar el espionaje telefónico y la intercepción sin previa orden judicial para controlar las llamadas de los venezolanos, especialmente las que se hacen a los medios de comunicación.

Esta nueva disposición gubernamental, contenida en la Ley de Reforma Parcial del Código Orgánico Procesal Penal, aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 25 de agosto, apareció publicada ayer en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.930.

Entre sus artículos, destaca el 309 que autoriza al Ministerio Público para obtener registros de llamadas de cualquier ciudadano sin necesidad de una orden judicial previa y obliga a las empresas de telecomunicaciones, bancarias y financieras a “mantener unidades permanentes las 24 horas del día y los siete días de la semana para procesar y suministrar el registro de ubicación del ciudadano”.

Esto coincide con la orden que ha dado ayer el ministro de Obras Públicas y Vivienda y presidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, Diosdado Cabello, de abrir “un procedimiento penal contra Globovisión” por los mensajes de texto que envía el público a través del móvil en el programa “Aló Ciudadano”, que dirige el periodista Leopoldo Castillo.
El canal está amenazado de cierre. Lleva seis expedientes, los primeros son administrativos y el último de carácter penal. Sería el segundo canal que clausure el gobierno de Chávez después de Radio Caracas Televisión, cuya señal libre terminó hace dos años.

Cabello sostiene que los cintillos que pasan en la pantalla del televisor, “son de llamadas telefónicas en los que salen mensajes llamando al golpe de Estado, al magnicidio, llamando a la comisión de delitos, a fomentar el desorden”.

«Nosotros no acorralamos a nadie, cada quien se acorrala solo»
Preguntado si era un cerco contra los medios dijo: “nosotros no acorralamos a nadie, cada quien se acorrala solo”. Ratificó que 29 emisoras de radio serán sacadas del aire en los próximos días. Las primeras 34 fueron clausuradas, según él, por no llenar los requisitos oficiales, es decir, sus permisos han vencido.

Penalizan el desacato

En la reforma del Código Penal también aparece el artículo 297-A que establece que “todo individuo que por medio de informaciones falsas difundidas por cualquier medio impreso, radia, televisivo, telefónico, correos electrónicos o escritos panfletarios, cause pánico en la colectividad o la mantenga en zozobra, será castigado con prisión de dos a cinco años”.
El artículo 442 dice: “quien comunicándose con varias personas, reunidas o separadas, hubiere imputado un hecho determinado capaz de exponerlo al desprecio o al odio público, u ofensivo a su honor o reputación será castigado con prisión de un año a tres años

Estos castigos tienden a intimidar y limitar las protestas y disuadir el desacato contra las nuevas leyes que ha aprobado el gobierno, dicen los especialistas.

En los últimos nueve años Venezuela registra 2.200 casos de personas que han sido sometidas a procesos judiciales penales por desacato y por protestar contra el régimen, según la ONG Provea.

Hay 39 presos políticos y más de 6.000 venezolanos asilados fuera del país, según investigación del diario El Nacional. No hay antecedente histórico parecido en los últimos 50 años.

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